Me parece cómico que se preocupen algunos tanto por el hecho que en el redactado de la nueva ley las autonomías se puedan endeudar, en teoría, más que el estado. Aparte del hecho que la mayoría de los servicios que el ciudadano ve, toca y huele (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda) son competencia autonómica, y son caros, los críticos de la ley ignoran un hecho bastante obvio. ¿Quién guarda el cumplimiento del texto?
En el caso de las autonomías, es fácil; el estado central. Pero en el caso del estado, el único guardián es... el mismo estado. O, en otras palabras, si algún gobierno cree que necesita gastar más, lo único que debe hacer es utilizar su mayoría parlamentaria para cambiar la ley. La ley es papel mojado, vamos.
La única institución que podría garantizarla es la Comisión Europea, que ya tiene una norma sobre el tema, aunque el déficit permitido es del 3%, muy por encima del draconiano 0,2% que impone la ley (1% total). Por cierto, la ley no cambiará nada, al ritmo que va la economía española (parece más que tendremos problemas en gastar el exceso de ingresos, al paso que va), pero vamos, aparte de la restricción a las autonomías (que es necesaria, para que no vulneren la legislación europea) no tendrá efectos relevantes, ni sobrevivirá la primera crisis seria.
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